Armengol desoye al Supremo y mantiene la enseñanza 100% en catalán en su proyecto de Ley de Educación

El Parlament balear inicia esta semana la última fase para aprobar la Ley de Educación con el debate en ponencia de las enmiendas presentadas por los distintos partidos políticos y lo hace tras la sentencia del Tribunal Supremo referente a Cataluña que obliga a impartir el 25% de la enseñanza en español. El proyecto balear contempla la inmersión lingüística en catalán y el Govern de izquierdas que preside la socialistas Francina Armengol no modificará este aspecto de la ley a pesar de la sentencia del Supremo.

 El pacto de izquierdas de Baleares que forman PSOE, Més y Podemos no  aceptará la mayoría de enmiendas presentadas por la oposición sobre la lengua a pesar de que la Ley de Educación de Baleares eleva a rango de ley el Decreto de Mínimos que obliga a impartir el menos el 50% en catalán y que considera que esta lengua es la única vehicular de enseñanza en Baleares.

En principio el PSOE parece dispuesto a aceptar la enmienda del PP para que tanto el español como el catalán sean consideradas lenguas vehiculares y estaba dispuesto a suavizar la imposición del catalán con la única finalidad de evitar conflictos judiciales. A la hora de las vedad, los secesionistas de Més, socios de Armengol, han impuesto su criterio y no hay cesiones al español. Se mantiene la inmersión lingüística en catalán que ya practican la mayoría de centros públicos de las Islas.

 El principal partido de la oposición, el PP, ha presentado cuatro enmiendas en relación a la enseñanza en catalán. Según explica la diputada Marga Durán, en la primera enmienda se solicita que tanto el catalán como el castellano sean consideradas lenguas vehiculares. En otra enmienda se pide la defensa de las modalidades lingüísticas de cada isla por encima del catalán estándar.

El PP también pide en sus enmiendas acabar con la inmersión lingüística y que haya un equilibrio entre el catalán y el español. En este aspecto la enmienda del PP va más allá de la sentencia del Supremos y exige el 50% de las horas lectivas en español.

El Govern, sin embargo, insiste en mantener la enseñanza en catalán y no se siente aludido por la sentencia del Supremos. En el pleno del pasado día 1 de diciembre, la presidenta Armengol ya anuncio que seguirá imponiendo el catalán en los centros de enseñanza. Lo mismo hizo semanas antes el conseller de Educación, el socialista Martí March. La presidenta del Ejecutivo balear, aclaró que el Supremo había emitido  una resolución, «que no una sentencia», después de haber desestimado un recurso que había planteado la Generalitat. La dirigente socialista subrayó que la decisión del Alto Tribunal «no crea jurisprudencia».

Hay jurisprudencia

La asociación de profesores Plis Educación ha demostrado que el argumento de Armengol es falso. Plis sostiene que «es imposible que Armengol ignore la jurisprudencia que avala el mínimo del 25%, no solo porque sus asesores jurídicos se lo habrán hecho saber, si no, sobre todo, porque el Defensor del Pueblo comunicó al propio Conseller de Educación, Martí March, que existe tal jurisprudencia».

Plis recuerda que el 16 de diciembre de 2020, el Defensor del Pueblo comunicó a la Conselleria de Educación de Baleares esta jurisprudencia. Esta respuesta queda recogida en el expediente 20015519, en que responde a una queja presentada por la asociación Plis Educación ante el hecho de que los proyectos lingüísticos de Baleares no recogen un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano, como está dictado por jurisprudencia.

El Defensor del Pueblo dice de forma tajante: “También el alto tribunal atribuyó a las comunidades autónomas la competencia para determinar la proporción razonable de la enseñanza en lengua castellana y en la lengua oficial de la comunidad autónoma. Un criterio de razonabilidad que ha terminado fijando finalmente el Tribunal Supremo, con un mínimo del 25% para la enseñanza en castellano». 

Plis recuerda también la sentencia de 16 de diciembre de 2021  del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la que ha dado firmeza el Tribunal Supremo en noviembre de 2021, donde dice, en sus fundamentos jurídicos, lo siguiente: «En el análisis de los casos individuales planteados hasta el momento la jurisprudencia de este mismo Tribunal y la del Tribunal Supremo ha establecido que, con independencia de que el modelo admita flexibilidad en función de las circunstancias, existe un mínimo por debajo del que no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcance la condición de normal dentro del sistema, en este sentido se ha fijado un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas».